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Cuando Guayaquil aún formaba parte del casi extinto reino del Perú, José de San Martín y Simón Bolívar, tuvieron en esa ciudad una reunión secreta de la cual no se supo nada durante doscientos años, hasta que una carta escrita por el secretario del caraqueño, la cual fue mal archivada, fue descubierta en 2013. Ahí se revelaban las diferencias entre ambos “libertadores”.
Bolívar deseaba una república, y San Martín comprendía que en el Perú nada cabía mejor que lo que siempre había tenido, que era una monarquía. El primero se convirtió durante un tiempo en dictador, además que propugnaba por la figura de la presidencia vitalicia, y el segundo no solo rechazó el ofrecimiento de convertirse en dictador, sino que, además por temas de salud, optó por retirarse y exiliarse. La voluntad de un solo hombre se impuso sobre la de todos los peruanos y sudamericanos, y el resultado al día de hoy, está a la vista.
Actualmente, el recién estrenado presidente del Perú, Pedro Castillo, con su irrepetible y peculiar sombrero blanco, ya se encuentra en proceso de “moción de vacancia” ―como en aquel hermano país hispano se le conoce al proceso de destitución del ejecutivo―, después de que vino a sustituir a Francisco Sagasti, quien fue presidente del 17 de noviembre de 2020 al 28 de julio de 2021, quien a la vez sustituyó a Manuel Merino,con una presidencia de 5 días, del 10 de noviembre de 2020 al 15 de noviembre de 2020, quien también a su vez sustituía a Martín Vizcarra, que duró del 23 de marzo de 2018 al 9 de noviembre de 2020, quien relevaba a Pedro Pablo Kuczynski, que estuvo del 28 de julio de 2016 al 23 de marzo de 2018. Es decir, llevan 5 presidentes, en 5 años y medio. Todos estos “presidentes” (excepto Castillo, todavía) fueron destituidos por diversos cargos de corrupción. Sin lugar a duda, la “Moción de vacancia” ―promovida por el congreso― funciona, pero el resultado es que el Perú no puede gozar de una razonable estabilidad. Ojalá y San Martín le hubiera ganado la discusión a Bolívar.
En España, después de que Mariano Rajoy resolvió el problema de Cataluña, le costó su presidencia, resultado de lo que allá se llama “Moción de censura”. El promotor y beneficiario fue Pedro Sánchez. Las ilegalidades en las que ha incurrido Sánchez en su gobierno, le ameritan una moción de censura inmediata, pero tal parece que no hay mayoría en el congreso, al igual que en el Perú, para removerlos inmediatamente. El rey Felipe VI podría hacerlo constitucionalmente, pero no se atreve.
Me regreso a la Nueva España, Reino del Perú, de Nueva Granada y del Río de la Plata… donde siempre existió la figura del juicio de residencia, proceso del cual fue sometido sin piedad el mismísimo Hernán Cortés, así como todos los virreyes de los siguientes tres siglos. La corona siempre llamó a cuentas a todos sus servidores públicos, para evitar malos manejos y corrupción. De todos modos, siempre había un personaje que vigilaba los movimientos de todo mundo, al cual se le conocía como Veedor. Supongo que se la pasaba “viendo” todo lo que sucedía en el virreinato, y reportaba cualquier anomalía... y funcionaba, pero no como la dizque Secretaría de la “Función” Pública, que solo está de florero.
Ahora bien, y entrando en materia, transcribo algo muy interesante del código penal federal:
CAPITULO 1
Evasión de presos.
Artículo 150.- Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentarán hasta veinte años de prisión. Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a doce años.
Hago tres preguntas obligadas: ¿Estaba o no detenido Ovidio? ¿Quién declaró públicamente en una mañanera que habría ordenado su liberación? ¿Es o no servidor público el presidente? Conste que no dije que era un crimen saludar a la mamá del Chapo, pero esta “empatía” del actual presidente con el crimen organizado resulta no solo sospechosa, sino brutalmente ofensiva para el ciudadano de a pie. Ojalá que esta “empatía” fuera con los niños afectados de cáncer, con las mamás sin guardería, con la ciencia, el arte, la industria, y en general con cualquiera que no sea morenista.
Cierro tema, y paso al siguiente:
Resulta que este 10 de abril, tenemos la posibilidad de inaugurar nuestro juicio de residencia, ―anticipado―, moción de censura, o moción de vacancia, llamada “revocación de mandato”.
¿A quién se le debe el mérito de tal hazaña?
Pues si esta adición constitucional al artículo 35 ya existente, ahora en su nueva fracción IX fue publicada el 20 de diciembre de 2019, imagine quien fue el autor. No obstante, hay una reflexión obligada, y además muy simple; un personaje que tardó más de 20 años en campaña, y doce peleando la presidencia ¿ahora resulta que está muy apurado para convocar a la gente para que lo saquen de la silla? No sé a usted, querido lector, pero a mí algo no me cuadra.
En el fondo, la intención lógica y de elemental sentido común, es hacer todo este teatro para afianzarse en la silla o detrás de la silla, quede quien quede en el ’24, y por supuesto, no provocar la eventual destitución del ejecutivo. Los procesos electorales en México, como siempre lo he dicho, son trampas perfectamente planeadas y además muy sofisticadas, y que fácilmente rebasan el entendimiento promedio de la gente. Como sea, siempre queda lugar para la legalidad y la transparencia, pero dicho espacio es muy pequeño, casi imperceptible.
Este proceso de revocación no está en manos de diputados, ni de los Senadores, sino de la gente que, siguiendo algunas reglas, como juntar 3% del padrón electoral que solicite al Instituto Nacional Electoral que organice el proceso, y después, que haya no menos del 40% del padrón que haya votado, es que hasta entonces dicha elección surtirá efectos vinculantes, es decir que si la mayoría simple de ese 40% decide que se vaya el presidente, simplemente deberá abandonar el cargo, y se observará todo lo estipulado en el artículo 84, y que por obvio de tiempo y espacio no reproduzco en su totalidad, excepto que al presidente interino lo nombrará el congreso, para que éste termine los años restantes que queden hasta el final del mandato. La gente que hubiere decidido sacar al actual presidente, si acaso así ocurriera, no tendrá vela en el entierro de quien ocupará la silla, hasta las elecciones del 2024.
En un escenario bastante improbable, pero no imposible, la mayoría de los morenistas decidirán como hienas hambrientas en una trifulca interna inimaginable, quien ocuparía la silla por dos años y medio. Imagine usted, querido lector: un presidente despedido y tratando de mantener el poder tras bambalinas, un partido que no es partido dándose con todo, y mientras, México, entrando en una crisis de ingobernabilidad inimaginable. Aquí aplica el refrán: “más vale malo por conocido que bueno por conocer”. No es que prefiera que se quede el máximo destructor que México ha tenido en la presidencia, sino que ahora la revocación nos habría llevado a un peor escenario, pues en lugar de llamar a elecciones de inmediato, habría dos años y medio de “río revuelto”. No obstante, es un riesgo que hay que correr, pues ese presidente interino duraría dos años y medio, tiempo suficiente para que todas las fuerzas políticas del país se reconstituyan con una gran lección aprendida: presidente que no sirve, se va.
Al igual que en una empresa, si el director general está haciendo quebrar a la organización, los accionistas convocan a una asamblea extraordinaria, votan, lo despiden de inmediato, y en el mismo acto eligen al nuevo director. ¿Por qué tendría que ser diferente en un país? ¡Somos 90 millones de socios con poder para votar!
Ahora bien, se han formado dos nuevos partidos que no dicen que lo son, pero funcionan como tal. El partido de Gilberto Lozano con “FRENA”, quien pugna por la realización y asistencia incondicional a la revocación de mandato del 10 de abril, y Carlos Alazraki con sus corifeos como Beatriz Pagés, Javier Lozano, Ángel Verdugo y demás agregados culturales, quienes aseguran que no hay que “hacerle el caldo gordo” al presidente.
Mucho me temo que ambos están equivocados, y ambos tienen razones válidas en sus posturas, pero ninguno se ha dado cuenta de la trampa de oso que ya está puesta para que, písela quien la pise, nos rompa el pie de una forma u otra. Me explico: si todos vamos a votar el 10 de abril, y logramos que se vaya, ―en esto soy “Lozanista”―, ya señalé que va a pasar. Si no vamos y nos quedamos en casa, la remota posibilidad de aprovechar este recurso constitucional se evapora totalmente, y traerá dos consecuencias fatales: La primera será que se afiance más que nunca el ocupante de Palacio, con la posibilidad de no poder reparar en varios lustros el daño ocasionado hasta la fecha, y la segunda es que diga que “los conservadores”, los “fifís”, y los “clasemedieros aspiracionistas”, no quisieron participar y que el pueblo lo apoya más que nunca. Como digo, la trampa está puesta.
¿Qué hacer entonces?
Ya lo he mencionado antes, pero para aquel lector que no lo tenga muy presente, le sugiero revisar los artículos 36 y 38 constitucionales. El primero dice que es obligación de todo ciudadano votar, y el otro dice que, quien no cumpla con lo previsto en el 36 pierde sus derechos de ciudadano.
Así pues, la trampa del 35 fracción IX, está en el 36 y 38 que no se aplican, y por el contrario se promueve a toda costa no ir a votar cuando hay que hacerlo, pues, entre menos gente vote, más fácil se consuma la trampa.
El presidente le quitó al INE casi 5 mil millones de presupuesto para la revocación, dejándolo en 1.5, lo cual imposibilita su ejecución.
El INE se amparó, y el tribunal electoral le negó la suspensión. Deberá hacer todo de acuerdo a la constitución que obliga a realizar dicho proceso idéntico al anterior, es decir a las elecciones presidenciales e intermedias, o sea con 161,000 casillas aproximadamente. El tribunal electoral vinculó a la Secretaria de Hacienda para que resuelva adecuadamente el presupuesto necesario, en virtud de tratarse de un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Veremos que sucede, pero, por lo pronto el presidente que ganó arrolladoramente en 2018 con toda la infraestructura del INE, ahora, el mencionado instituto está bajo fuego inmisericorde, con la meta de intentar controlarlo, o de ser posible, desaparecerlo en el mediano plazo.
El verdadero resorte de la trampa está en el artículo 84, que a falta de presidente, solo permite elecciones ciudadanas en los primeros dos años, pero no en los últimos cuatro. ¿Cuál es la diferencia? Lo que debiera de ser es que a falta de presidente, por la razón que sea, es decir renuncia, muerte, o revocación, la cuenta debería comenzar de nuevo, con nuevas elecciones para reiniciar con un nuevo presidente, con sus seis años completos. Por algo el artículo 35 fracción IX, se previó para que la revocación fuera en los últimos cuatro años, y así la crisis estaría garantizada en caso de “despedir” al presidente. ¿Se entiende mejor la trampa, la cual está puesta pase lo que pase?
Debo confesar que en más de una ocasión he pensado que los Alazrakistas pudieren ser disidencia controlada, pues si no han deducido lo que yo concluyo aquí, entonces ¿qué les cuesta ir a votar? Lo incomprensible es que los Alazrakistas desean fervorosamente que el presidente se evaporara mañana mismo. Entonces ¿por qué no ponen por delante el sentido común? ¿De dónde sacan que van a hacerle “el caldo gordo” al presidente?
Al momento que escribo esto, todo indica que el 3% de firmas necesarias para solicitar la revocación, no solo está alcanzado, sino rebasado, a menos que el INE se sacara de la manga que decenas de miles de firmas estuvieran inválidas, o que la secretaría de hacienda no les dio el dinero necesario. Entonces, sí sería una lástima el trabajo que presumen haber logrado los Lozanistas. Aprovechemos una ley que con sus defectos tiene algunas ventajas, pues mientras en México se necesita 3%, en Venezuela se exige un 20% y equivale a que no existiera.
Si vamos a votar los mismos 60 millones que fuimos en 2018, creo que hay no solo razonables sino quizás altas probabilidades, no solo de despedir al presidente, sino de iniciar las investigaciones conducentes a su gestión, fincar responsabilidades, y tratar de recobrar un estado de derecho que hoy es un triste recuerdo. Con el 40% del padrón electoral, que son aproximadamente 36 millones de votantes, se necesitarán 18 millones más uno, para mandar, no a su rancho, al presidente, sino quizás a prisión, por lo anteriormente expuesto, además de muchos otros delitos electorales que ya son del dominio público.
Morena y partidos satélites ganaron en junio de 2021, 24.5 millones, y considero que difícilmente repetirían esa cantidad. PAN-PRI-PRD y MC ganaron 23 millones, a los cuales se sumarían varios de los 45 millones de abstencionistas, así que, no está imposible el escenario.
No hay necesidad de reinventar el juicio de residencia, pues solamente se trataría de que el expresidente comparezca ante la justicia como un simple ciudadano, quien alguna vez intentó comandar al país, pero que lo tuvieron que correr, y eventualmente sentenciar, por lo anteriormente señalado.
Vuelvo a preguntar ¿qué hacer entonces?
Como el pie ya está en la trampa, es seguro que saldremos con un daño, y quizás sin pie, pero debemos aplicar aquello que dice ¡de los males, el menor! A Santa Anna le costó media pierna correr a los franceses en 1838, y no le importó estar en medio de las balas de los cañones. Eso sí fue real. Si hay que entrar en una batalla donde hay razonables probabilidades de ganar, aunque parezca que haya muchas que perder… ¿se quedará en casa por temor a resultados adversos?
Puede ser que la votación favorezca al presidente por escaso margen, y se quede hasta el ’24, pero el ejercicio de revocación quedaría como un poderosísimo antecedente, y los siguientes presidentes se andarían con más cuidado.
Si usted me dice que por esta razón no hay que “hacerle el caldo gordo” como afirman los “Alazrakistas”, lo que ellos no están calculando es que, si no se hace la revocación, todo México pierde por doble partida, pues el ocupante de Palacio podrá decir… ¡Se los dije! ¡el pueblo quiere que me quede! y además, jamás sabremos si tuvimos la verdadera oportunidad de que se fuera por la vía constitucional.
De esta revocación saldremos cojos, y de eso, no hay duda, pero más que nada saldremos sumamente fortalecidos. Sin embargo, aunque salgamos de haber votado en un solo pie, debemos acudir sin pensarlo, pues el 36 y el 38 son muy claros en su contenido, son muy lógicos, y no han sufrido modificación desde 1917.
Querido lector: es su derecho, pero más aun, es su deber ir a votar. No se trata de si quiere o no… ¡debe votar! ¿Acaso intenta invocar sus derechos constitucionales, cuando usted podría estarlos violando al no ir a votar?
El 39 dice: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Aunque en Bolivia, Ecuador y Venezuela existen procesos de revocación amañados, en México, el 35-IX abre la posibilidad de convertirnos en el primer país en la historia del continente, en sacar al presidente de su cargo a través de una elección popular, sin que el congreso tenga que meter sus mercenarias manos. Falta perfeccionarlo, y adecuarlo con una reforma al 84, para que la revocación se pueda convocar cuando el caso lo amerite, y no cuando el país ya esté medio destruido.
Si bien no creo en la democracia, ―aunque la practique en cada elección―, me queda claro que el proceso de revocación de mandato la fortalecería de forma inimaginable. En un descuido, y hasta comienzo a creer en ella.
Quizá la mejor cosa que haya hecho el actual presidente en toda su dizque administración, es haber publicado en 2019 esta poderosa herramienta de revocación, que si bien jamás calculó que el tiro le pueda salir por la culata, la realidad es que quizás nos esté dejando la puerta abierta para que México sea un mejor país. No creo ni tantito que ese haya sido su propósito original, pero eso es lo que si podrá ocurrir si todos votamos el próximo 10 de abril.
En conclusión: si Alazraki y su pandilla no cambian de opinión ante un proceso de revocación inminente en curso, y sigue promoviendo el NO ir a votar, entonces será el gran responsable de que se afiance el ocupante de Palacio. Es de sabios cambiar de opinión, y sumar esfuerzos con Gilberto Lozano, aunque sea que cada quien lo haga desde su trinchera. De persistir en su postura, ya no me quedará duda que está pagado desde Palacio Nacional.
Entonces, si usted como yo ―que somos los mandantes―, y seguramente no le dimos nuestro voto al que hoy le toca ser mandatario, lo que ya es un hecho es que un porcentaje muy alto, ya cuestionamos el susodicho mandato por su inacabable colección de errores, destrucción y negligencia, razón por la cual, el próximo 10 de abril, deberemos reunirnos en “asamblea extraordinaria” a revisar como reorganizar esta empresa, la cual nos pertenece a todos los mexicanos, llamada: México
P.D. Casi nunca lo pido, porque debiese de ser algo espontáneo, pero, si acaso está de acuerdo con mi punto de vista, quizás valdría la pena que considerara compartirlo con su círculo de amigos y familiares, para ayudar a que dicha “asamblea” resulte, lo mejor posible.
MENSAJE FINAL.
Podrá obervar la imagen donde aparece una parte de mi anterior credencial de elector, con el sello de R.M. ―REVOCACIÓN DE MANDATO― y aunque el voto es secreto, debo confesar que si voté para que se le revocara el mandato al presidente, aunque en algún video hubiere considerado lo contrario. Quien no me acompañó, simplemente le regaló dos años y medio extras para que se afianzara en el poder.
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